Propiedad de otro ex alcalde, Marciano Toledo Sánchez, el asentamiento irregular, elevado a grado de fraccionamiento por el ex edil Román Quian, no cuenta con ningún tipo de servicio público, ni luz, ni agua, ni drenaje, y mucho menos calles pavimentadas.
El asentamiento fue promovido por Toledo Sánchez a través de reuniones en las que sin ningún permiso o autorización empezó a comercializar los lotes de 10 metros por 18 metros a un precio de 100 mil, 120 mil y 150 mil pesos, dependiendo de su ubicación.
En el lugar, ubicado al poniente de Playa del Carmen, y al cual sólo se puede acceder por un camino de terracería de aproximadamente 5 kilómetros, ya viven alrededor de 100 familias, que sortean como pueden sus carencias.
El agua la obtienen de pozos que han perforado en sus propiedades, los mismos que están contaminando, ante la falta de drenaje. La luz, se las provee, a través de plantas de energía, el propio Toledo Sánchez, a un costo de 400 pesos mensuales; pero sólo por unas horas, de 7 a 11 de la mañana y de 5 de la tarde a 11 de la noche, según refieren los vecinos.
Suponiendo que los 2 mil 766 lotes sean vendidos al precio más bajo de comercialización, que es de 100 mil pesos, Marciano Toledo estará obteniendo, sólo de la venta de éstos, 276 millones de pesos; lo anterior gracias a la complicidad del ex alcalde de Playa del Carmen, Román Quian, que se fue del ayuntamiento como llegó, envuelto en la corrupción y el desfalco de las arcas públicas.
Pero el asentamiento irregular de Marciano Toledo no es la clásica acampada de “paracaidistas”, o de gente en situación de extrema pobreza que no tiene otra opción más que ‘robarse’ un pedazo de tierra; se trata de lotes de “fraccionamiento”, que deben ser pagados en máximo 24 meses, es decir, el empresario Toledo espera una rápida recuperación de su inversión.
Los compradores, deben tener la capacidad de pagar un enganche que no está al alcance de cualquiera, y además, tienen que pagar mensualidades de alrededor de 5 mil pesos, sin contar los 400 pesos mensuales de la luz con la “tarifa” más cara del país.
El origen de los que han aprovechado la oferta de vivienda se ve reflejado en el lugar, donde hay casas en construcción de hasta tres niveles; en un negocio en el que ganan unos cuantos.
Legalizar lo ilegal
Román Quian aguantó, prácticamente, hasta el último minuto, para entregar la licencia de fraccionamiento a Marciano Toledo, pues lo hizo el 6 de abril, cuando su gestión concluyó el 9 de abril, es decir, tres días después de haberle “obsequiado” a Toledo Sánchez la licencia de fraccionamiento.
Lo que hizo el ex Presidente municipal priista, fue “legalizar” lo ilegal, pues para cuando Marciano Toledo empezó a promover su asentamiento irregular, este tipo de actos ya eran considerados delito, de acuerdo a la reforma al Código Penal de Quintana Roo.
El 30 de noviembre del 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el llamado Decreto 360, con el que se adicionaba al Código Penal del estado, el Título Décimo Primero, denominado, “Delitos contra el Desarrollo Urbano”.
Con la complicidad de Quian Alcocer, miembro de una de las familias pioneras de Playa del Carmen, Marciano Toledo cometió una serie de delitos, que el ex Edil no sólo evitó denunciar, sino que protegió.
De acuerdo al artículo 268 del Código Penal, comete el delito contra el Desarrollo Urbano:
“I. El que fraccione sin contar con el permiso necesario de la autoridad administrativa o teniéndolo, no respete las especificaciones del mismo, con el objeto de transferir la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho relacionado con los lotes divididos.”
Si bien Marciano Toledo inició su “centro poblacional”, sin contar con los permisos requeridos para el mismo, seguramente contaba con que el entonces Presidente municipal, se lo autorizaría; y así fue; sólo que al hacerlo, Román Quián se volvió cómplice del delito, pues en la fracción V del artículo 268, se destaca que comete delito contra el desarrollo urbano:
“El servidor público que expida licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otra disposición análoga, permitiendo el uso del suelo o la edificación de construcciones respecto de lotes previamente fraccionados, sin el permiso de la autoridad administrativa correspondiente (…)”.
Fue esto lo que, precisamente, hizo Quian Alcocer: otorgar licencia definitiva de fraccionamiento, a un predio, que ya había sido fraccionado y que se encontraba en plena comercialización; sin importarle el costo ambiental y económico, que seguramente tendrá para las futuras administraciones municipales dotar de servicios públicos al asentamiento irregular de Marciano Toledo. (NoticaribeNews)