Uno más de los extraños y probablemente ilegales convenios que firmó la administración municipal anterior podría ‘reventar’ este año cuando choquen los intereses de las navieras, los taxistas y las concesionarias de los muelles.

El muelle SSA México, el sindicato de taxistas y una plaza comercial que en realidad es parte del hotel Park Royal, se perfilan para ser los protagonistas del primer conflicto del año.

Esto es así porque con el aval del anterior ayuntamiento, que presidió el hoy secretario de turismo del estado, Juan Carlos González, la plaza comercial que queda enfrente del muelle internacional, firmó con los taxistas un convenio para que los chafiretes ya no bajen a la gente en la terminal marítima, sino en el interior de la plaza, para así obligarlos a recorrer todos los locales antes de llegar a su destino y sin dejarles otra opción.

Más allá de las cantidades que los administradores de la plaza vayan a entregar a los miembros, o quizá sólo a los dirigentes, del sindicato de taxis, no se entiende cuál es la utilidad o justificación de un convenio que además de obligar contra su voluntad a los turistas a recorrer una incómoda distancia después de haberles cobrado ya el servicio de transporte (a donde ellos van, no a donde los quieran dejar), además creará un caos vial en la zona más transitada de la avenida más transitada de la isla, con el potencial de provocar un accidente en el que uno o varios turistas resulten atropellados, con la subsiguiente tormenta de imagen y de relaciones públicas que enfrentará el puerto después de eso.

A este panorama hay que agregarle lo que vaya a ser la reacción del poderoso consorcio SSA México, el cual seguramente no estará contento de invertir millones y millones de dólares en la ampliación de su propia plaza comercial, sólo para ver cómo los taxistas se llevan a los clientes que llegan por su muelle, a la plaza de la competencia, cuya inversión comparada resulta insignificante.

Falta ver también la reacción de las líneas navieras que llegan a ese muelle, cuyos pasajeros y tripulantes viajan amparados por pólizas de seguros que exigen altos estándares de seguridad en la forma que serán tratados, las cuales no son necesariamente compatibles con los muy particulares intereses del sindicato taxista.

Le tocará al gobierno actual del municipio resolver el problema heredado del ayuntamiento anterior y esta será una prueba para las habilidades negociadoras de Aurelio Joaquín, quien todavía no se ha enfrentado a ningún conflicto de esta potencial magnitud.