Funciona a medias Seguro Popular, pero proporciona cuantiosos recursos a los estados

En un espejismo se ha convertido el Seguro Popular, una medida federal para dotar de servicio médico a los no asalariados, a las clases más desprotegidas, aunque la falta de transparencia en la inscripción de los asegurados y la asignación de los recursos, pone entre dicho el objetivo social, considerada más populista que una solución a la falta de cobertura total en la salud, al menos en el municipio de Solidaridad, donde sólo 75 mil personas acceden al mismo, en una población de 200 mil habitantes.

El Seguro Popular es un instrumento creado por iniciativa del gobierno de Vicente Fox en 2001, con el fin de brindar protección financiera a todos los mexicanos, en materia de salud. Los derechohabientes de este instrumento de seguridad son los mexicanos que no estén afiliados al IMSS, al ISSSTE o alguna otra institución de seguridad social.

Y es que de acuerdo a los datos proporcionados por el director del Hospital General de Playa del Carmen, José Bolio Rosado, el Seguro Popular es voluntario. Actualmente una persona acude a una clínica del Sector Salud y pide afiliarse. Hay periodos de inscripción cada 3 meses, especialmente en zonas marginadas e indígenas.

Mencionó el galeno que tan solo en Solidaridad, son 21 mil familias las afiliadas al Seguro Popular, que vienen siendo en promedio unas 75 mil personas, mismas que tienen acceso a servicios como consulta externa, medicamentos y cirugías y se renueva bianualmente, por lo que las personas afiliadas, se les otorga una credencial en la que aparece el nombre, el CURP y un chip que contiene el expediente clínico del paciente.

Después se da una carta de derechos y obligaciones y un catálogo de los servicios que cubre y los medicamentos a los que tiene acceso.

“Es la póliza que ellos deben registrar cada vez que ellos quieren algún servicio médico como si fueran al servicio médico del sistema de seguridad social como es el IMSS o el ISSSTE que tienen presentar su carnet y su vigencia de derechos, el equivalente para esto es la póliza de seguro popular ellos presentan su póliza de seguro popular y automáticamente pueden acceder a este servicio”, dijo.

Explicó que el seguro popular es gratis para las personas de escasos recursos. Quien gane por arriba de 3 salarios mínimos, paga una cuota anual de 640 pesos por asegurar a toda su familia.

Aunque la meta es que cubra la mayoría de las enfermedades, hoy en día el Seguro Popular no cubre problemas cardiovasculares, diagnóstico y tratamiento del cáncer, trasplantes, diálisis, enfermedades cerebro vascular y lesiones graves.

“No es posible, la mayoría de las veces aunque tenemos el seguro popular de nada nos sirve, porque hay escases de medicamento y solo se nos proporciona lo que hay en bodega, pero en este hospital casi no está completo el catalogo, por ejemplo la insulina, la tenemos que comprar en el caso de nosotros que somos diabéticos”, recalcó José Gabriel Muñoz.

El seguro popular no tiene hospitales propios, el asegurado se puede atender en estas clínicas de salud del estado, o estas clínicas de la federación o si hay convenio con el IMSS, en estas de Pemex, de Marina o ONG.

Según el gobierno federal, existen más de 600 hospitales en obra negra, que podrían funcionar con los recursos del Seguro Popular.

Se descarta que el seguro popular genere una sobresaturación de los servicios de salud.... En este seguro, el gobierno federal, pone casi el 70 por ciento de los recursos, los gobiernos estatales más del 20 y el resto, las familias.

Bolio Rosado sostuvo que en el servicio que prestan diariamente, el 80 por ciento de los pacientes cuentan con seguro popular y el resto, paga por la atención que reciben, y pese a que en la consulta externa atienden 100 personas al día, y un número igual en el servicio de urgencia, descartó que se pueda dar una sobresaturación.

“Vamos a consolidar la plantilla laboral, para las 60 camas que tenemos abiertas y lógicamente como vaya habiendo mayor necesidad, vamos a abrir más camas pero también con un incremento gradual de personal”, explicó.

Manejo discrecional de recursos

Por su parte, Alfonsina Sánchez, representante de la Asamblea Democrática del IMSS, dijo que es un manejo indiscriminado de recursos los que utilizan a través del seguro popular, ya que al menos el año pasado, el gobierno federal destino para Quintana Roo, 156 millones de pesos, para la cobertura total de salud, sin embargo, en la realidad esta meta no se logró y este año, el presupuesto podría ascender a 200 millones de pesos.

“Tiene que haber órganos de transparencia nos tienen que rendir cuentas de todos estos recursos que mandan a los Estados, mal habidos, es como el impuesto que teníamos de la tenencia era un dinero que iba a dar a los gobernadores y por eso están muy molestos porque ya no lo tienen y tienen que inventar nuevos impuestos como la verificación porque saben que son focos de corrupción que se permiten, mientras no hayan órganos de transparencia que podamos tener, va a seguir pasando”, acotó.

Señaló al Seguro Popular de ser una falacia, de ser una medida populista que genera una falsa percepción para el paciente, porque se siente atendida a medias, porque finalmente no cubre las verdaderas necesidades y es una caja de ahorros de los gobiernos estatales.

“No hay atención oportuna porque la gente se está muriendo y eso es lo que está pasando en todas las instituciones del sector salud no hay cobertura; lo más triste es que nos dicen que no hay recursos presupuestados para atender esas necesidades, ¿dónde están los recursos?, si nos están desmantelando las cajas, ¿dónde están los recursos?, ¿se pide una transparencia?”, agregó.

Rosendo Méndez González, director de una clínica particular en Playa del Carmen, señaló que esta iniciativa, lejos de apoyar la formalidad en la economía y de beneficiar a quienes no cuentan con recursos económicos para acceder a la medicina privada, se ha convertido en un trampolín favorecedor de la economía informal, pero además, en un servicio médico privado para quienes tienen condiciones de vida favorecedoras.

“Se está abriendo la posibilidad de que los grandes adinerados, empresarios, que son finalmente patrones, se estén yendo por la tangente, y en lugar de afiliar a sus trabajadores al IMSS, como lo estipula la ley, busquen esta vía fácil y rápida, porque no les cuesta, para poder cubrir el requerimiento, porque tampoco hay un estudio socioeconómico, ni una inspección en materia laboral y esto nos quita a nosotros también clientes, porque cualquier persona que tenga para pagar, puede acceder al seguro popular y cada vez son menos los clientes que recibimos”, dijo.

Además, explicó que la seguridad social debe también garantizar un régimen de jubilaciones y pensiones, acceso a una educación de calidad, a vivienda digna, alimentación, etc.

El Seguro Popular, al limitar su acción de bienestar y protección social solamente a la salud, distorsiona la economía del país e indirectamente fomenta la economía informal.

En diez años, el Seguro Popular superó el número de afiliados que el Instituto Mexicano del Seguro Social logró reunir en 60.

La Población Económicamente Activa (PEA) en México, es de 42.5 millones de personas, según el INEGI, de los cuales, más de 21 millones tienen seguridad social formal, 18 millones 721 mil del IMSS, 2 millones 516 mil del ISSSTE, 140 mil de Pemex y 55 mil del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, más sus respectivos derechohabientes.

Cabe mencionar que el 50 por ciento de la PEA se encuentra en la economía informal, que si bien es cierto, cuenta con seguridad en lo referente a la salud, no cuenta con fondo de pensiones y jubilaciones, incapacidades laborales, ni otras formas de seguridad social que tienen quienes pertenecen a la economía formal.

Explicó que la excesiva regulación, el complejo sistema tributario de México y la falta de programas sectoriales, estímulos y créditos oportunos, han fomentado el crecimiento de los empleos de la economía informal en el país. El Seguro Popular se vuelve un incentivo más para la informalidad.

Según datos del INEGI, en noviembre de 2011, la tasa de desempleo en México fue de 4.97 por ciento, pero aquí se están contando empleos tanto formales como informales. Ésta es una tasa alta para un jefe del ejecutivo que, como candidato, prometió ser el Presidente del Empleo.

El fracaso de la política en la creación de empleos formales en los últimos 11 años de gobiernos panistas, se evidencia cuando vemos que, de diciembre del 2000 a diciembre del 2011, se han creado alrededor de 10.8 millones de empleos, de los cuales, sólo el 27.3 por ciento son empleos formales, mientras que en la informalidad se emplearon 76.3 por ciento.