Veinte elementos del Instituto Nacional de Migración, INM, delegación Quintana Roo, fueron despedidos de la dependencia por actos de corrupción y podrían enfrentar procesos penales por delitos federales.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Gobernación, 121 agentes migratorios fueron separados de sus cargos el pasado 30 de septiembre en 7 estados de la República mexicana.

Dentro de este proceso de depuración, sobresalen los 20 elementos de Quintana Roo, 40 de Tabasco y 43 de Tamaulipas, quienes no sólo no cumplieron con los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, sino que cometieron delitos por lo cual se les fincaría responsabilidades en breve.

De forma oficial, la Secretaría de Gobernación informó que con esta acción buscan que los servidores públicos realicen sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad y buen comportamiento.

Asimismo, la Segob explicó el cese de funciones de 121 "trabajadores de confianza" adscritos a las delegaciones regionales del INM en el Distrito Federal, Chiapas, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz.

Esta acción se realizó por instrucción del secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, para "fortalecer las instituciones del gobierno federal, con el propósito de que los servidores públicos realicen sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia".

En boletín, la Segob aseguró que los usuarios de los servicios migratorios en ningún momento serán afectados, toda vez que las plazas ahora vacantes serán ocupadas en el corto plazo.

Una vez más Quintana Roo

En el caso de Quintana Roo la historia volvió a ser la misma: Corrupción e impunidad. Los 20 elementos que fueron separados de sus cargos por estar relacionados de manera directa con la delincuencia organizada.

El Instituto de Migración a nivel central dio a conocer que una vez más la red de tráfico de inmigrantes auspiciada de manera oficial, volvió a establecerse desde Quintana Roo hasta el estado de Tamaulipas.

Protección a la delincuencia, entrega de papelería oficial y hasta uso de información del instituto a favor del crimen organizado, son algunos de los delitos cometidos por el personal de esta entidad.

El mayor problema de corrupción en Quintana Roo se dio una vez más en las oficinas de Cancún, donde aún con la llegada de un nuevo delegado la situación que permea es la de siempre.

Incluso, la Secretaría de Gobernación investiga la red de agentes migratorios cómplices de la delincuencia organizada, en especial de la célula delictiva de “Los Zetas” que opera en el principal destino turístico de México.

Cabe señalar que el proceso de renovación comienza con el titular de las delegaciones estatales, pero incluye a todos los trabajadores (cuyo número no fue precisado), quienes después podrían reincorporarse al organismo si pasan los exámenes de confianza.

El relevo se produce después de que varios centroamericanos rescatados en abril pasado por el Ejército denunciaran que agentes del INM los secuestraron cuando viajaban en un autobús rumbo a EE.UU., y los entregaron al crimen organizado en el norteño estado de Tamaulipas.

Tras la denuncia, seis agentes migratorios identificados por los indocumentados fueron arrestados y se encuentran en manos de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), encargada de la investigación.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones que los indocumentados que atraviesan el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos no sólo son víctimas del crimen organizado, sino de las autoridades corruptas.