Banobras, banco con el que el ayuntamiento Cancún reestructuró su deuda de mil 400 millones de pesos, ya solicitó una revisión de sus finanzas, ante la posibilidad de que la comuna caiga en impago, por el recorte de recursos federales, derivado de la deuda de 102 millones de pesos con el Fonhapo.

“Ellos ven números, no es un tema de intención o de mala intención, es sobre la base de la realidad y lo habíamos advertido: que esto (la deuda) tiene en sí mismo una avalancha de cosas que va arrastrando, una de ellas -naturalmente al no poder acreditar nuestros pagos-, vamos incurriendo en mala calidad crediticia, cosa que también se escapa de nuestra posibilidad de resolver”, destacó el alcalde de Cancún, Julián Ricalde Magaña.

El Edil agregó que existe comunicación con el banco y se está buscando un mecanismo con el que se garanticen los pagos de los intereses y la deuda.

Detalló que esperarán la resolución de la Secretaría de la Función Pública sobre la deuda de 112 millones con el Fonhapo, cuyo cobro hizo efectivo a través de la retención de participaciones federales, sin embargo, aseguró que la comuna no renunciará a la vía legal, aún y cuando reconoció que tanto el Fondo como el ayuntamiento aceptaron el arbitraje de la Función Pública:

“Se aceptó un arbitraje -sin que nosotros abandonáramos nuestra posibilidad jurídica-, se aceptó un arbitraje de la Función Pública de buena fe, en el sentido, de que en estas dos semanas -que ya está corriendo, a partir del viernes- se pueda encontrar que se puedan considerar los argumentos que no han sido considerados al menos en la parte bilateral con el Fonhapo”.

Dijo que con este acuerdo se pretende que la Secretaría de la Función Pública resuelva, y libere ésta de esa responsabilidad al Fonhapo. (…): “vamos a buscar a través de su Junta de Gobierno, para que se dé por pagado y con eso, nosotros recuperemos las participaciones”, comentó.

El Presidente municipal comentó que para cumplir con las obligaciones del gasto corriente, solicitaron al gobierno del estado un adelanto de más de 30 millones de pesos de las participaciones, “pero esto no puede ser una situación eterna”, “me parece que las finanzas del Gobierno del Estado, tampoco andan con liquidez, entonces, no quiero comprometer una instancia que no es la mía”, comentó.

Añadió que de no resultar favorecidos con la decisión de la Secretaría de la Función Pública, se recortarán servicios públicos “no sustanciales”; no así servicios públicos, seguridad pública y obra pública.(NoticaribeNews)