Más funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez involucrados en fraude por la emisión de recibos falsos por 5 millones de pesos, los cuales fueron desviados presuntamente para favorecer al Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron llamados a declarar por la PGR, y en esta ocasión le tocó el turno a Gerardo Grajales Guerrero, quien labora en la dirección de Sistemas y el cual declaró en torno a la averiguación previa 102/2013.

El funcionario fue llamado a declarar en torno a una denuncia que en días pasados presentó la sindicatura municipal ante el Ministerio Público de la Federación contra quien resulte responsable por el uso de documentos falsos, luego de que un contribuyente pretendía litigar la devolución del impuesto predial, amparado en un recibo apócrifo por un monto de 5 millones de pesos.

Gerardo Grajales Guerrero llegó a las 9:45 de la mañana a las instalaciones de la PGR ubicadas en la avenida José López Portillo, y tras dos horas de escuchar a la autoridad de la Mesa II del Ministerio Público de la Federación, dijo que fue citado para desahogar pruebas, “pero desconozco si hay uso de documentos falsos, están investigando (la PGR)”.

Aunque dijo que la investigación no tiene relación con él, fue llamado a comparecer porque la denuncia corresponde al periodo en el cual se desempeñaba como encargado de Informática en la Dirección de Ingresos.

Cabe recordar que el pasado viernes 19 fue citado a declarar el ex director de Ingresos, Herminio Ordaz Guzmán, ante la misma autoridad federal en torno al uso de recibos falsos en la Tesorería de Benito Juárez para desviar recursos hacia las campañas del PRD.

“La denuncia que presentó ante la PGR la sindicatura municipal dentro de sus funciones y responsabilidades, no tiene que ver con ningún desvío de recursos a favor de ningún partido político. La denuncia presentada fue por una irregularidad que se detectó en el tema de un recibo que, se presume, es apócrifo”, dijo el tesorero municipal Leonel Sauri Galué, quien aún no tiene confirmación para comparecer ante el Ministerio Público de la Federación.

Sin embargo, reconoció que hay más funcionarios que están siendo citados por la PGR como parte de las indagatorias. “Tengo entendido que hay otros funcionarios que están requeridos para ese procedimiento”.

Esta denuncia penal que se sigue en la PGR, se suma a la denuncia también penal, pero ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, que interpusieron los integrantes del Comité Ciudadano por el desvío de 229.7 millones de pesos otorgados al Ayuntamiento Benito Juárez para la realización de obra pública en 2010 de los cuales no se sabe su paradero.

Como se recordará, el pasado 18 de abril, Maximiliano Vega Tato, el ex senador José Luis García Zalvidea y Rosa María Márquez Pérez, entre otros, acudieron a las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia, para denunciar penalmente el delito de peculado, en contra de quien resulte responsable, por el desvío de 229 millones de pesos otorgados al Ayuntamiento Benito Juárez vía el Decreto 166.

En la demanda penal, los integrantes del Comité Ciudadano esperan que sean citados a declarar Latifa Muza Simón, Jaime Hernández Zaragoza y el propio Julián Ricalde Magaña, quien sería el principal beneficiado porque de acuerdo a documentos bancarios, los 229 millones de pesos del crédito otorgado al Ayuntamiento de Benito Juárez para la realización de obra pública en 2010, hasta el 13 de mayo de ese año permanecieron en tesorería, víspera del proceso electoral que llevó a Ricalde Magaña a la presidencia municipal.

De acuerdo a los denunciantes, hay elementos suficientes para encuadrar el delito penal que denunciaron y se prevé, no sólo aclarar el destino de los 229 millones de pesos, sino que junto con Carlos Trigos Perdomo, que está encarcelado por el delito de fraude también a la Comuna de Benito Juárez, los responsables de estos fraudes paguen.