Sujetos que se identificaron como agentes de la Policía Judicial de Quintana Roo, intentaron ingresar al Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM-Cancún) para revisar los videos de seguridad de sus instalaciones, sin presentar la orden judicial correspondiente, denunció ayer la asociación civil.

Mediante un comunicado de prensa, el director del Centro de Atención, Enrique Arrúa, consideró lo sucedido como actos de intimidación y hostigamiento a defensores de los derechos humanos y pidió que las autoridades locales, el esclarecimiento de los hechos.

“El CIAM hace un llamado a las autoridades locales para esclarecer los hechos considerados como intrusivos y violatorios del derecho a defender los derechos humanos”, expresó.

Arrúa informó ayer que cuatro sujetos -quienes se identificaron como agentes de la Policía Judicial del estado- se presentaron en sus instalaciones el 14 de marzo pasado, aproximadamente a las 14:30 horas y solicitaron revisar los videos de las cámaras de seguridad del Centro, sin mostrar orden judicial.

“Ante la negativa de acceder a la petición dieron muestras de molestia y señalando que eran autoridad procedieron a tomar fotografías de las instalaciones del CIAM, así como de los vehículos estacionados a las inmediaciones del Centro”, se lee en el escrito.

El Centro notificó lo ocurrido a la autoridad federal, encontrando respuesta inmediata.

Además de las medidas de monitoreo, prevención y protección al CIAM, se ha buscado corroborar la procedencia de las y los agresores, agregó el directivo.

El CIAM Cancún fue fundado en el 2001 por la periodista y defensora de los Derechos Humanos, Lydia Cacho, para la protección, resguardo, atención emocional, física y legal de las mujeres e infantes víctimas de todo tipo de violencia.

Operó hasta enero del 2012 un refugio de alta seguridad para proteger la vida de mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema, que cerró luego de que el gobierno federal recortara el presupuesto a organizaciones civiles y ante la suspensión total del recurso aportado por el gobierno de Quintana Roo.

Sin embargo, siguió con el trabajo de educación para la paz con campañas para prevenir la violencia, la trata de personas en sus diferentes modalidades y la construcción de la paz.

Como refugio atendió y protegió la vida de mujeres que estuvieron en peligro de morir en manos de sus parejas, entre los cuales había policías municipales o estatales; militares y narcotraficantes.