El gobierno de Quintana Roo y el ayuntamiento de Benito Juárez entregaron a la Cámara de Diputados, información sobre los actos de autoridad ejercidos en torno al proyecto “Dragon Mart Cancún”, que busca construirse en un predio de 561 hectáreas localizado en Puerto Morelos.

Al aportar la documentación correspondiente al tema, ambas autoridades locales dieron cumplimiento al exhorto aprobado a principios de enero pasado por la Comisión Permanente, que les requirió la entrega de los datos vinculados con la expedición de los permisos, desde el ámbito de competencia de cada uno.

En el caso del gobierno del estado, se entregó a los legisladores federales la documentación concerniente a la autorización de impacto ambiental expedida el 6 de septiembre del 2012 por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), conforme al oficio INIRAQROO/DG/DIA/156/2012.

Dicho documento expone que el proyecto se autorizó, condicionado al cumplimiento de más de una decena de puntos, entre ellos, la construcción de una planta de tratamiento de agua y una desalinizadora, obras que deben ser avaladas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autorizadas en materia de impacto ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El gobierno del estado aseguró que el proyecto presentado cumplió con los requisitos señalados en las leyes General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa); y de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Quintana Roo (Leepa) y su reglamento; del decreto que crea al INIRA y su reglamento interior y que la autorización del proyecto se refiere “únicamente a los aspectos ambientales de competencia estatal manifestados en el estudio de impacto ambiental del INIRA y en términos de la normatividad en la materia”.

Se agrega que la empresa promovente queda sujeta a tramitar y, en su caso, obtener las demás autorizaciones, licencias, permisos y similares que le sean requeridos por los demás autoridades federales, estatales o municipales para la realización integral del proyecto y su operación.

En cuanto al ayuntamiento de Benito Juárez, se remitió copia del expediente administrativo relativo a la solicitud de licencia de construcción, ingresada por la empresa “Real Estate Dragon Mart Cancún”, a través de la ventanilla única de la comuna, el 22 de febrero pasado.

También se presentó la copia de la Gaceta Oficial del municipio, que contiene la publicación del acuerdo administrativo a través del cual se constituyó un Comité, cuya instalación ocurrió el 26 de febrero, con la finalidad de analizar si el “Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas”, cumple con los requisitos para extender la licencia de construcción respectiva.

La comuna envió copia de la totalidad de los documentos que integraron los trabajos del comité antes referido, incluida la opinión final alcanzada, así como la copia del Periódico Oficial de Quintana Roo, que contiene la publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez (POEL), vigente desde el 21 de julio de 2005.

Debido a que no forma parte de sus competencias y atribuciones, el gobierno municipal informó que carece de datos respecto a los aspectos migratorios y económicos del proyecto, y aclaró que ello es facultad de la Federación. El municipio aportó además información con carácter de reservada.

Al respecto, la diputada con licencia, Graciela Saldaña Fraire, indicó en entrevista que, no basta con la entrega de información si ésta es muy general o está incompleta.

En ese sentido, manifestó que si bien hay una autorización de impacto ambiental emitida por el gobierno del estado, eso no significa que se hubiese expedido conforme a Derecho.

Indicó que al ayuntamiento le faltó integrar a lo entregado, la copia del Periódico Oficial que contiene las modificaciones hechas en el 2008, a ciertas Unidades de Gestión Ambiental (UGAs), entre ellas alguna de las tres que aplican al proyecto.

Recordó que el Instituto Nacional de Migración (INM) es otra de las instituciones que entregó ya su reporte, pero lo hizo también bajo reserva; en tanto, la Secretaría de Economía respondió que no obra información sobre el tema y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se comprometió a hacer una investigación.

“La respuesta por parte de algunas de las dependencias o autoridades de los tres órdenes de gobierno, no queda ahí, la información es incompleta, hay que reconvenir y entrar a fondo. Falta la información que posee la Conagua; el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tampoco ha entregado lo que tiene (informe preliminar de inspección al predio) y bueno, siguen habiendo muchas interrogantes”, consideró.