CANCÚN, MX.- A casi medio camino de la administración del gobernador Carlos Joaquín González, la Fiscalía General del Estado (FGE) es una de las dependencias más olvidadas; a la falta de vehículos y armas, se suma el bajo nivel escolar de quienes se encargan de investigar y perseguir el delito: policías ministeriales que solo tienen estudios de secundaria y preparatoria, y peritos sin especialización. 

De acuerdo a la plantilla de empleados de la Fiscalía General del Estado obtenida por Somos Tu Ojos en agosto de 2018, 60 agentes de la Policía Ministerial y auxiliares del Ministerio Público solo concluyeron la secundaria, y 293 únicamente tienen estudios de bachillerato, hay otros 43, que además de bachillerato tienen estudios técnicos en hotelería, construcción, administración, turismo y deporte, entre otras áreas, pero ninguna relacionada con su trabajo.  

Entre las funciones de los agentes de la Policía Ministerial está investigar los delitos, procurar la atención necesaria y urgente de las víctimas, preservar el lugar donde se cometió el delito, así como los indicios relacionados con el delito, y entrevistar a todas las personas que puedan aportar datos para la investigación, entre otras responsabilidades; pero, muchos de los encargados de realizar estas funciones tienen serias limitaciones profesionales para desempeñar estas tareas. 

Según la respuesta a la solicitud de información 518218, solo 347 elementos, lo que es menos de la mitad de los policías ministeriales y auxiliares del Ministerio Público, tienen licenciatura en Derecho, la necesaria para poder desarrollar su trabajo. Aunque también, están los agentes de la Policía ministerial que sí tienen estudios superiores, pero en Ingeniería Forestal, Administración de Empresas, Trabajo Social, Relaciones Internacionales, Arquitectura, Tecnologías de la Información, Ciencias de la Comunicación o Turismo Alternativo. 

De acuerdo a la información proporcionada, también hay profesionistas que trabajan como intendentes, es decir, haciendo el aseo en la Fiscalía, es el caso de tres mujeres, una, pasante en Derecho, otra pasante en Psicología y una más Técnico Superior en Administración de Empresas, quienes laboran de intendentes en la Fiscalía, según la plantilla de trabajadores. 

LOS PERITOS, “ESPECIALISTAS” SIN ESPECIALIZACIÓN  

Según la plantilla de empleados de la Fiscalía General, se desempeñan como “peritos”, personas que no son expertas en la materia; en el listado hay dieciocho peritos que solo tienen bachillerato, y tres con carreras técnicas: Administración Turística, Técnico en Alimentos y otro Técnico en Enfermería. Un número importante de peritos solo cuentan con licenciatura en derecho o en Seguridad Pública. 

Los peritos son el equipo de investigación técnica y científica de la Fiscalía, es decir, deben ser expertos en la materia, técnica o arte en la que participan; como excepción, la Ley de la Fiscalía General del estado permite que el Fiscal General designe peritos, siempre que se trate de personas con amplia experiencia profesional en determinada materia. 

Es este bajo nivel profesional y la falta de cuadros preparados lo que en parte explica la alta impunidad que existe en Quintana Roo y la falta de resultados en la investigación y persecución de delitos tanto del fuero común como en los asuntos relacionados con delitos de alto impacto o delincuencia organizada. En 2017 Quintana Roo fue señalado como el estado con el más alto índice de impunidad en el país, con 100 unidades dentro del Coeficiente TAI (Transparencia, Anticorrupción e Impunidad), un índice creado por organizaciones especializadas como Transparencia Mexicana; y donde 100 es la peor evaluación y cero es el mejor escenario. 

El pasado 28 de febrero el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, rindió un informe de trabajo ante diputados del estado, en el que omitió hablar de esta situación, y únicamente enfatizó los supuestos logros de la Fiscalía.  

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