Como propietarios de predios, personajes como la alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino; el exlíder del sindicato de taxistas de Chetumal, Rubén Pelayo Kuc; el actual titular de la Comisión de Energía, Efraín Taleno Canul, entre otros, están citados a declarar este miércoles en el Tribunal Agrario, respecto a un megafraude imputado a la directiva anterior del ejido Aarón Merino Fernández, ubicado en el municipio de Bacalar.

Otros de los citados también están el titular del Instituto de la Administración Pública de Quintana Roo, Efraín Villanueva Arcos; la representante del Gobierno del Estado en el municipio de Bacalar, Trinidad Guillén; el poeta Ramón Iván Suárez Caamal, el exalcalde de Felipe Carrillo Puerto Pedro Ramón Peña Xicum; la extitular de la SEQ, Guadalupe Novelo Espadas; la exdirectora del IQC, Norma Jiménez de León; María del Pilar Aguilar Ortega, Cornelio Mena Kú, la exdiputada Gabriela Margarita Rodríguez Gálvez, la dirigente de la CCI, María Esther Montúfar Bailón, y Humberto Lima, entre otros.

En la audiencia a realizarse el mediodía de este miércoles, se tratará la asignación de 120 lotes ubicados a la orilla de la Laguna de Bacalar, que en la denuncia se acusa que fueron asignados de manera irregular afectando a ejidatarios, avecindados y posesionarlos, desde noviembre de 2008.

El 30 de noviembre del 2008, se celebró una asamblea de formalidades especiales en el ejido de Aarón Merino Fernández, en ella se asignaron 120 lotes a orilla de la laguna de Bacalar a posesionarios, avecindados y ejidatarios.

En esa asignación, Edmundo Gómez Trejo y Román Guzmán González, entregaron terrenos a orilla de la laguna a sus familiares por demás, sin informar a la asamblea sobre dichos terrenos, según el juicio agrario.

El 18 de diciembre del 2010, se le pidió al entonces comisario ejidal, Edmundo Gómez Trejo, que informara sobre esas asignaciones y al negarse a hacerlo, en el mes de enero del 2011, se le pidió al presidente del Consejo de Vigilancia, Román Guzmán González, que investigara sobre diversas irregularidades de la administración de Edmundo Gómez Trejo, a lo cual hizo caso omiso y advirtió a los ejidatarios afectados que no ventilarán este tema en el Tribunal Agrario.

Sin embargo, los inconformes no aceptaron estas advertencias y en abril del 2011 se armó el expediente TUA-44 402/2011, para realizar un juicio agrario, para conocer a quiénes vendieron terrenos que de manera irregular se asignaron en 2008, en cuánto los vendieron y qué se hizo con el dinero que se obtuvo estas compras.

Y es que, hasta el momento las autoridades ejidales no han explicado los ingresos que han obtenido y mucho menos la aplicación de dichos recursos, toda vez que en la agenda de Edmundo Gómez Trejo, los ingresos y gastos que informó en las asambleas no concuerdan con la realidad.

Según los afectados, en la secuela de dicho juicio agrario se descubrió que la forma en que obtuvieron la autorización del Registro Agrario Nacional para emitir los títulos fue por demás ilegal, porque, tal y como consta en la agenda de Edmundo Gómez Trejo, se estampó en forma clara y precisa que le pagó a Fausto López Colonia la cantidad de 50 mil pesos como se puede apreciar en una imagen.

Fausto López Colonia fue el revisor técnico del Registro Agrario Nacional que aprobó dicha acta de asamblea.

Esta persona fue quien le dio el visto bueno a dicha acta, cuando en realidad no fue realizada conforme a derecho ni apegada a las normas que el mismo Registro Agrario Nacional tiene para estos casos en especial, según los promoventes del juicio.

Ejidatarios inconformes con estas anomalías comentaron que, el pasado 3 de junio del 2012, se realizó una asamblea a la que no acudieron, porque no se les permite expresarse y mucho menos participar en las mismas.

Sin embargo, se conoce que se quiere sorprender a ejidatarios haciéndoles creer que los ejidatarios que demandaron a Román Guzmán y a Edmundo Gómez Trejo por malos manejos del ejido, quieren quitarles sus terrenos, los cual es falso.

Además, trascendió que estas dos personas les están pidiendo 15 mil pesos para defenderlos con su abogado Gabino Andrade, de Cancún, una vez más abusando de la buena fé de los dueños de algunos predios.

Por consiguiente, los ejidatarios afectados por el fraude realizado en el ejido Aarón Merino, piden a quienes son citados a declarar que pregunten al propio George Rubén Silesky Mata, magistrado del Tribunal Agrario, de la situación real del caso, para comprender la magnitud del problema.

De hecho, los ejidatarios afectados entregarán un documento este miércoles en el TUA, en el que expresan lo siguiente.

“Sabemos que en la asamblea realizada el 3 de junio del 2012, no existió el quórum legal, ya que el pase de lista se hizo con personas que no son ejidatarios, ni existen en el padrón de ejidatarios.

Por lo que todos los acuerdos que tomaron son una aberración jurídica, pero sobre todo mañosa, para seguir confundiéndoles y desinformándoles.

Deseamos aclarar que en los juicios agrarios no existe el pago de gastos y costas, por lo tanto los únicos responsables de pagarles por estas molestias son Román Guzmán González y Edmundo Gómez Trejo; no se dejen sorprender con la idea de que los $15,000 pesos que se les pide para el despacho del Licenciado Gabino Andrade de Cancún les serán devueltos, porque como ejidatarios no permitiremos que se venda ningún terreno para pagar las irresponsabilidades de estos dos personajes, mucho menos nuestros terrenos servirán como garantía para ese supuesto pago, ya que la asamblea no puede tomar ese tipo de decisiones, porque son contrarias a la Ley Agraria. Nuestros abogados ya preparan la demanda para anular esta asamblea.

Por último queremos agradecer al actual presidente del comisariado ejidal, Juan Manuel Herrera, el interés que ha mantenido para realizar una negociación pacífica que pondría fin a este juicio agrario; sin embargo, sabemos que quienes no se lo permiten son Edmundo Gómez Trejo y Román Guzmán González, principales actores de este megafraude en el ejido, personajes que no tienen mayor interés que el de seguir arruinando a gente que ha comprado de buena fe terrenos del Ejido Aarón Merino Fernández, y que gracias al Juicio que se está entablando, todos y cada uno de Ustedes tendrá la certeza jurídica que ese pedazo de tierra que adquirieron, será respetado y no sólo eso, debidamente validada conforme a derecho.

Por último se les informa que la Procuraduría Agraria tiene Licenciados en Derecho, en donde podrán acudir en caso de que sea necesario, en donde la orientación legal es gratuita. Nunca está demás una segunda opinión”, concluyen.

Por consiguiente, se espera una intensa audiencia sobre este caso de fraude realizado por la directiva anterior del ejido Aarón Merino.