El megadesarrollo de 10 mil cuartos, dos marinas, un campo de golf, casinos y residencias exclusivas que se pretende en 221 hectáreas en los terrenos de Isla Blanca con una inversión de mil 400 millones de dólares para construirlos en los próximos 12 años y el cual ya fue aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 10 de noviembre de 2011, comenzó a aterrizarse durante el gobierno de Alicia Ricalde Magaña en Isla Mujeres, pues durante esta administración, de extracción panista, se modificó el cambio de uso de suelo de la zona para obligar sólo a algunos dueños de predios a pagar más impuestos, entre estos al señor Crescencio Navarro Pallares, propietario del predio “El Dorado” donde funcionaba el restaurante “Acapulco”.

Incluso, de manera por demás extraña la Profepa también hizo de las suyas desde aquella ocasión porque aplicó exorbitantes multas bajo el argumento de haber encontrado afectación al medio ambiente.

Se trata del Proyecto Soto Lindo (PLS) -como lo denomina Semarnat-, y del cual, el 14 de octubre del 2010, POR ESTO! de Quintana Roo dio a conocer la denuncia pública que efectuó el señor Navarro Pallares, dueño del emblemático restaurante “Acapulco” de la zona de Isla Blanca, quien tuvo que cerrar el negocio por capricho del gobierno panista de Alicia Ricalde, quien de la noche a la mañana ordenó modificar el uso de suelo de la zona para obligar al dueño del predio “El Dorado” a pagar más impuestos.

La intención fue clara, “acorralarlo” para que no pagara y con las multas el problema se le hiciera mayor, con lo que se viera en la necesidad de vender el terreno al mejor postor, es decir, a los españoles amigos de la presidenta que obligadamente para poder llegar vía terrestre a los predios donde se pretende el proyecto, tienen que cruzar por el de “Don Chencho”.

En varias ocasiones, se ha podido dialogar con el dueño del predio “El Dorado”, que está justo donde se conoce como la angostura, y donde por muchos años operó el restaurante “Acapulco”, cuyo cierre se dio producto de la petición ejercida por empresarios españoles hacia el gobierno de Isla Mujeres que encabezaba en ese entonces la panista Alicia Ricalde Magaña, quienes condicionaron invertir en la compra de predios para la futura construcción de hoteles y marinas, pero que tuvieran a la mano un acceso inmediato a los terrenos y dicha entrada se encuentra justo donde estaba ubicado el establecimiento de comidas y bebidas.

Aunque originalmente el camino para ingresar a las tierras que compraron los empresarios españoles estaba marcado y trazado a un costado del predio “El Dorado” como comúnmente se le conoce al lugar donde está el “Acapulco” y demarcado legalmente como Supermanzana 15, manzana 42, lote 1, fraccionamiento “Francisco Javier”, dicho camino ya fue “devorado” por el mar e incluso, físicamente ha desaparecido dos predios más.

Es por ello que al no haber un camino literalmente “bueno” para cruzar, el único lugar vía terrestre es el predio donde está el restaurante en mención, por lo que al ser muchos millones los que han invertido estos españoles, el gobierno que encabezó Alicia Ricalde, respaldada por el federal de Felipe Calderón, a como dé lugar pretende quitar al dueño del terreno “El Dorado” y la forma inmediata fue utilizando un terrorismo fiscal, es decir, cambiarle el uso de suelo para obligar a don Crescencio Navarro Pallares a pagar más impuestos.

Pero además, se utilizó la maquinaria de la Profepa para que inspeccionara y por arte de magia, encontrara anomalías y le aplicaron fuertes multas que mantienen atado de manos al empresario restaurantero.

Ante todo esto, este domingo los diarios POR ESTO! publicaron un reportaje de Proceso en donde se da a conocer que la Semarnat autorizó el proyecto a pesar de la oposición de organizaciones como el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), que lo considera una amenaza para la sustentabilidad y las especies de manglares y fauna de la zona, y pese a los distintos litigios existentes en torno a la propiedad de la tierra que involucran a varios políticos del PRI y del PAN y a consorcios españoles como el Grupo Martinón, accionista mayoritario de una sociedad donde participan políticos mexicanos como el diputado federal priísta Felipe Enríquez y el exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, así como el empresario Arturo Bojórquez León, incluso, el líder de la mafia agraria peninsular, Arturo Millet Reyes.