Los solidarenses lamentan que el esfuerzo económico hecho por el gobierno municipal de Solidaridad para la compra de patrullas y el pago de buenos sueldos a la policía, para brindar una óptima seguridad pública a la ciudadanía, se esté desviando a la ciudad de Cancún para atender esta necesidad, por la falta de capacidad del estado y el ayuntamiento de Benito Juárez para resolver dicha carencia.

Cabe destacar que el gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, anunció el lunes, la asignación de 150 agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) a la ciudad de Cancún para garantizar la seguridad de residentes y visitantes, por la espiral de narcoviolencia que se vive en el primer polo vacacional del país, enmarcado por las 34 ejecuciones cometidas en este 2013 por la pugna de la plaza entre bandas rivales del narcotráfico.

Por lo consolidado de la corporación policíaca de Solidaridad, como resultado de los 160 millones de pesos invertidos por la actual administración municipal en los 24 meses de gestión, en la compra de patrullas y armamento, y el pago de buenos sueldos, alrededor de 230 mil pesos diarios; de manera indebida un alto mando de la PEP, dependiente de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) está haciendo uso de vehículos y policías de este municipio en la ciudad de Cancún, para atender el problema de inseguridad pública en Benito Juárez.

Vecinos de este municipio lamentaron que el esfuerzo económico hecho por los solidarenses y el gobierno municipal, para la protección de sus habitantes y de visitantes, porque el ayuntamiento administra eficazmente el dinero proveniente de los impuestos, y esmerándose en la compra de patrullas, armas y en pagar buenos salarios, permitiendo contener el crimen organizado, esté siendo desviado a la ciudad de Cancún, por la falta de capacidad del estado y del municipio de Benito Juárez para atender sus necesidades de patrullas y policías.

Por último, los solidarenses pidieron a la PEP suspender el uso de patrullas y policías de Solidaridad en Cancún, porque debilitan la corporación y pone en riesgo a la ciudadanía y los miles de turistas que los visitan diariamente, además que el gobierno municipal de Benito Juárez es el que debería resolver el problema de inseguridad, y el gobierno del estado si quiere apoyar el polo vacacional lo debe hacer con sus propios recursos.