Durante el desahogo de pruebas sobre el proceso de peculado que se sigue en contra de la expresidenta municipal, Edith Mendoza Pino, presa actualmente en la cárcel de Playa del Carmen, sus abogados defensores no presentaron pruebas contundentes para aclarar el manejo irregular de recursos económicos en diversas obras públicas y compras de gobierno con facturas infladas, por lo que prácticamente entierran sus aspiraciones de resultar absuelta de los delitos que le imputan.

De acuerdo con representantes legales del ayuntamiento de Tulum, quienes estuvieron presentes durante la mañana del lunes en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Playa del Carmen, el cuerpo de litigantes de la exalcaldesa presentó un procedimiento jurídico mal elaborado, al grado que no documentaron a donde se destinó el dinero que no se comprobó a la Tesorería Municipal.

Con estas acciones, los abogados tendrán que rearmar el procedimiento jurídico, con el propósito de aclarar en qué obras públicas y acciones se canalizaron los 77 millones de pesos que no fueron justificados ante la Tesorería Municipal, irregularidades que fueron detectadas por funcionarios de la Contraloría Estatal, quienes solicitaron a las autoridades judiciales la aprehensión de Edith Mendoza Pino, durante la mañana del 7 de diciembre de 2012, en el filtro policíaco ubicado en la entrada a Playa del Carmen.

Se espera que en la próxima sesión de desahogo de pruebas, los abogados presenten documentos claros y precisos en cuanto a la utilización de los recursos del erario municipal, cuyas observaciones no fueron solventadas ante el Organo Superior de Fiscalización durante los primeros meses del 2012.

Por otra parte, durante la mañana del martes, se presentaron ante el juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Playa del Carmen, la extesorera municipal, Genny Yasmín Maza Sánchez, al exdirector de Egresos, Víctor Manuel Velázquez Bonfil, así como el exdirector general de Desarrollo Urbano y Ecología, Oscar Alberto Caballero Estupiñan, para ampliar su declaratoria sobre el desvío de recursos en la administración pasada.

Con base en esta notificación por parte de las autoridades judiciales que recibieron en sus respectivos domicilios, los exfuncionarios acudieron para responder a cada una de las preguntas que les hizo el juez Primero Penal de Primera Instancia, con sede en Playa del Carmen, con el propósito de continuar integrando el expediente en contra de Mendoza Pino.

Las personas notificadas tuvieron que aclarar ciertos puntos que las autoridades detectaron que hubo irregularidades, de tal manera que dieron una explicación pormenorizada para solventarlos y con ello, evitar que resulten involucrados como cómplices del delito de peculado en contra del erario municipal.