Doris Alberto Rodríguez, de 30 años de edad, dejó como garantía de pago por la renta de una casa en la comunidad de Punta Allen, a su pequeño hijo de cuatro años de edad, de nombre Álvaro, situación de la cual se enteró su concubino, Jesús Baltazar Zumárraga, de quien se había separado, mismo que rescató al pequeño y solicitó su custodia, la cual le fue otorgada por un Juez Familiar; sin embargo, durante la mañana del pasado jueves, tres agentes judiciales de Felipe Carrillo Puerto acudieron a Tulum para quitárselo y entregárselo a su madre, sin ningún documento que lo acredite.

El afectado, de 48 años de edad, señaló que luego de enfrentar conflictos con su pareja sentimental en la comunidad de Punta Allen, decidió separarse de ella en el 2010, por lo que se vino a vivir en un domicilio que tiene en la colonia Ejidal de Tulum, así como trabajar en la ciudad.

Sin embargo, durante el mes de abril del 2010, le informaron que Doris Alberto Rodríguez se había trasladado al municipio de Felipe Carrillo Puerto, llevándose a dos de sus hijos mayores, Valeria Elizabeth, de 9 años y Pablo Jesús, de 7 años, pero dejó al pequeño Álvaro, en garantía de pago a una señora a quien le debía una renta y prometió regresar para recuperarlo, lo cual no cumplió.

Familiares de Baltazar Zumárraga le informaron que su hijo estaba como garantía de pago, por lo que se trasladó a Punta Allen para realizar el pago del adeudo y recuperar a su pequeño hijo, lo cual informó a las autoridades correspondientes y solicitó la custodia de sus tres hijos, la cual le fue otorgada el 19 de abril del 2010, por un Juez Familiar.

Con los documentos de la custodia, el padre de los pequeños se trasladó a Felipe Carrillo Puerto, para notificar a la madre que debía entregárselos, pero no pudo lograrlo en tres ocasiones, ya que Doris Alberto Rodríguez cambiaba constantemente de residencia.

Ante esta situación, Jesús Baltazar Zumárraga decidió atender al pequeño Álvaro; sin embargo, cuando se dirigía en su bicicleta a dejarlo al Jardín de Niños durante la mañana del jueves, se le cerró un vehículo del cual descendieron tres personas que se acreditaron como judiciales, quienes estaban acompañados de la madre del menor, mismos que le arrebataron al niño que lloraba y se lo llevaron a Felipe Carrillo Puerto.

Como resultado de esta acción ilegal, el afectado interpuso una denuncia en el área jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de los tres agentes judiciales, de quienes desconoce su nombre, así como de la funcionaria que ordenó el operativo, Elda Castillo Chi.