La Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 27 constitucional, a fin de que los extranjeros tengan dominio directo sobre terrenos, para uso habitacional en fronteras y playas.

El dictamen se aprobó por mayoría de 356 votos a favor y 119, en contra. La izquierda rechazó el cambio -con categoría de minuta pasa al Senado-, por considerar que vulnera la soberanía y la seguridad nacional, y lamentó que sea el inicio de la enajenación posterior de recursos estratégicos como el petróleo.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, sustentó el dictamen ante el pleno, diciendo que han cambiado las condiciones de temor a una invasión de ejércitos de otras naciones, que había cuando se promulgó la restricción para extranjeros de franjas en la frontera y playas.

Para permitir a extranjeros adquirir tierras en la zona restringida, en 100 kilómetros de frontera y 50 de playas, la propiedad se debe usar para vivienda; las tierras no deberán tener uso comercial, industrial, agrícola u otra explotación económica directa o indirecta.

El dictamen señaló que un cambio en ese sentido, permitiría acabar con una práctica de simulación en la que los extranjeros son dueños de la construcción, y los terrenos son propiedad de fideicomisos que establecen ellos mismos, o de prestanombres. (...)