Riesgo. Así fue tomada la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar la reforma al artículo 27 constitucional, en el sentido de que extranjeros tengan dominio directo sobre terrenos para uso habitacional en fronteras y playas, por parte del sector turístico y empresarial de Cancún.

Aunque la normatividad y la legalidad no se ponen en tela de juicio, indicó Abelardo Vara, lo que sí se cuestiona es la forma en que se ha dado una resolución que lejos de abrir inversiones al extranjero para ciudades como este destino turístico, generará problemática y polémica de mucho impacto.

La minuta enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo prevé que las adquisiciones de los extranjeros deberán convenirse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En la exposición de motivos se afirma que en la actualidad la suscripción de tratados internacionales y la pertenencia de México a organismos como del Consejo de Seguridad de la ONU, dan al país las garantías de que la inversión extranjera en las zonas referidas no representará un riesgo para la soberanía nacional.

Para documentar la importancia del cambio, en el dictamen se detalla que de 2000 a 2012 fueron autorizados 48 mil 559 permisos para constituir fideicomisos en zona restringida.

Explica que, históricamente, a los extranjeros se les ha prohibido adquirir tierras en la franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en playas, ya que, “por motivos estratégicos militares se consideró un riesgo establecer permanentemente a los extranjeros en las fronteras y costas”.

El dictamen expone que dicha prohibición ha dejado de tener vigencia y contenido práctico, pues la suscripción de tratados internacionales dan al país la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público, de que la inversión extranjera en la zona referida no representa un riesgo para el país.

El artículo 27 de la Constitución debe actualizarse a la realidad social y económica, “debido a que las circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquirieran tierras y aguas en las fronteras y playas han sido superadas”, asevera.

Agrega que la modificación constitucional, además de garantizar certeza jurídica a la propiedad, repercutirá favorablemente en los ingresos tributarios de los municipios, ya que al tener la propiedad los extranjeros de las tierras para uso habitacional, las autoridades podrán recaudar el impuesto predial.

Subraya que los extranjeros que adquieran la propiedad de tierras y aguas ubicadas en territorio nacional seguirán haciéndolo bajo la prevención de la suscripción de un convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la denominada Cláusula Calvo.

En ese sentido, el asesor de la Asociación de Hoteles indicó que se tendrán muchos señalamientos en contra de esta acción, debido a que se trata de patrimonio nacional en el caso de las playas de la república mexicana.

Señaló también que como sector se podría ver la factibilidad para dar entrada a inversiones al país, sin embargo, el costo que pueda tener esta acción es muy alto, por lo cual debe de revalorarse la decisión del Congreso.