Este jueves 21 de junio salió publicada en la lista de estrados del Juzgado Primero de Distrito, la intención de la presidenta municipal Edith Mendoza Pino de obtener un amparo contra la Comisión Instructora del Poder Legislativo.
Se trata de la demanda de amparo contra actos administrativos marcada con el número de expediente 342/2012, que Edith Mendoza Pino, en su calidad de presidenta municipal de Tulum, presentó ante el Juzgado Primero de Distrito de Chetumal el miércoles 20 de junio, cuando le quedan cinco días para que venza el plazo que le dio la Comisión Instructora para que aporte pruebas en su defensa.
En su solicitud de amparo, Edith Mendoza Pino acusa ante la justicia federal a la Comisión Instructora de: “falta de contestación y expedición de copias certificadas solicitadas en su escrito de 11 de junio”.
El Juzgado admitió la demanda de amparo y pidió informes justificados a las autoridades responsables, en este caso, la Comisión Instructora del juicio político, y fijó las 10 horas con 20 minutos del 13 de julio del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional, en donde se resolverá el fondo del juicio de amparo.
Mendoza Pino solicitó también al Juzgado que suspendiera provisionalmente los actos realizados por la Comisión Instructora, pero la suspensión provisional le fue negada, de modo que los procedimientos realizados para instruir el juicio político continuarán.
No obstante, el Juzgado Primero de Distrito realizará una audiencia incidental a las nueve horas con 10 minutos del martes 26 de junio del año en curso, para resolver si otorga o niega a Edith Mendoza una suspensión definitiva de los actos de la Comisión Instructora.
Sin embargo, cabe mencionar que para esa fecha, ya habrá vencido el plazo que la Comisión Instructora le otorgó a Edith Mendoza Pino para presentar pruebas en su defensa dentro del proceso del juicio político, pues el lunes 25 de junio es el último día que tiene para eso.
Todo indica que debido a que se le vence el tiempo para presentar pruebas en su defensa, es que Mendoza Pino buscó que el Juzgado Primero de Distrito frenara los actos de la Comisión Instructora, pero fracasó en este intento, ya que al negársele la suspensión provisional, la presidenta municipal de Tulum sigue sometida al emplazamiento que le hizo la Comisión Instructora del Poder Legislativo.
Cabe recordar que apenas el pasado martes 19 de junio, la diputada Jacqueline Estrada Peña, integrante de la Comisión Instructora, dio a conocer que hasta esa fecha la alcaldesa de Tulum apenas había solicitado una copia del expediente que se le integró, cuando faltaban ya siete días para que venciera el plazo que le dieron para defenderse.
La diputada mencionó en esa ocasión que el 14 de junio, la alcaldesa apenas había solicitado una copia de todo el expediente integrado en su contra, y que el mismo ya se había armado y sólo estaban a la espera de que Mendoza Pino fuera a buscarlo o mandara a un representante legal por las copias.
Detalló que el expediente consta de 4 mil documentos, los cuales ya fueron certificados y están listos para entregar a la parte acusada, por lo que esperaban que esta entrega se concretara en esta semana, antes de que venza el plazo para que la parte afectada presente pruebas a su favor.
Sin embargo, tras esas declaraciones, lo que Mendoza Pino fue presentar una demanda de amparo acusando al Congreso del Estado de no contestarle su solicitud y no entregarle las copias del expediente.
Cabe mencionar que el pasado martes 19 de junio, la Auditoría Superior del Estado entregó a la Comisión Instructora la certificación de todos los documentos que integran las pruebas del expediente de juicio político.
La próxima sesión de la Comisión Instructora será el 26 de junio, día en que se determinará si es necesario llamar a comparecer a funcionarios del Ayuntamiento de Tulum o si se hacen visitas a la sede del Ayuntamiento.
Esa misma fecha, martes 26 de junio, como ya se indicó, está fijada la audiencia incidental en el Juzgado Primero de Distrito para determinar si se concede a Mendoza Pino la suspensión definitiva de los actos de la Comisión Instructora del juicio político.